Clarin (Chile)
De manera inédita, un ex presidente de Brasil
se encuentra en el banco de los reos juzgado por cometer crímenes graves contra
la Constitución como intento de Golpe de Estado y conspiración para abolir el
Estado democrático de Derecho. El ahora reo Jair Bolsonaro es apuntado por la
Procuraduría General de la República como el líder de una organización criminal
armada que trató de subvertir el resultado de las urnas, infringir un Golpe de
Estado y mantenerse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones en
octubre de 2022. Al lado de Bolsonaro otros siete acusados de los mismos
crímenes esperan la absolución o condenación por parte de los miembros de la
Primera Turma del Supremo Tribunal Federal.
Este juicio es especialmente significativo en un país marcado en su historia por prácticas autocráticas impuestas desde los tiempos de la colonización. En efecto, Brasil ha sido desde sus orígenes y luego de la instauración de la República una sociedad de cuño esclavista, caracterizada por la prescindencia de las formas democráticas de convivencia y, consecuentemente, reconocible por la existencia de un tipo de dominación autoritaria que permanentemente ha obstaculizado la representación y participación de los sectores populares y de la clase trabajadora en las principales decisiones que competen al conjunto de la nación.
En ese sentido, la intentona golpista que
tiene sus antecedentes casi desde el momento en que Bolsonaro asumió la
presidencia, se vio reforzada con los campamentos montados frente a los
cuarteles y la consiguiente invasión de la Plaza de los Tres Poderes, exigiendo
a las Fuerzas Armadas una intervención por las armas. Lo anterior, diseñó un
escenario que mostraba una democracia fragilizada pasible de ser violentada por
medio de una escalada autocrática sin retorno. Por lo mismo, el juicio a
quienes tramaron dicho Golpe de Estado es relevante en términos de sus efectos
para la superación de la impunidad y la ampliación de la propia democracia. La
mayoría de los acusados son representantes del alto escalón de la jerarquía
militar (cuatro del Ejercito y uno de la Marina) y otros ocuparon puestos de
relevancia en la estructura del anterior gobierno de ultraderecha.
Después de todo lo sucedido, continúa
incomodando la constatación de como un militar agitador expulsado de las filas
de ejército por una secuencia de actos ilícitos y luego transformado en un
político del bajo clero, irrelevante y caricaturesco, llegó a transformarse en
el líder de la extrema derecha con un discurso primario y radical que fue captando
respaldo popular en función de la crisis sistémica del país. El mismo Bolsonaro
siempre repetía que era una persona mediocre, sin un ideario relevante, aunque
supo convertirse en el representante de la anti política y la antítesis de los
proyectos de inclusión social y garantía de los derechos de las minorías
implementados por los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.
Paradojalmente, las políticas sociales y de
inclusión montadas por ese ciclo progresista de los gobiernos del Partido de
los Trabajadores (2003-2016) generó su contraparte en un movimiento
reaccionario, que fusionaba visiones ultraliberales en la economía con una
perspectiva conservadora radical apoyada por diversas denominaciones del
pentecostalismo en auge, por militares y policías en la activa o jubilados y
por ganaderos y empresarios extractivistas inescrupulosos que se refugiaron en
una administración que les permitió realizar todo tipo de ilegalidades para
aumentar sus lucros.
Para enfrentar este ciclo de retroceso, el
juicio a los golpistas posee una importancia decisiva en los rumbos futuros que
seguirá la democracia brasileña. Las condenaciones de los integrantes de los
cinco núcleos que actuaron en la trama golpista -partiendo por el núcleo
crucial- debe expresar un enfrentamiento vehemente hacia quienes conspiraron
contra la República y dar un mensaje claro de que no habrá impunidad para
aquellos que intentaron acabar con el Estado democrático de Derecho. Si este
juicio termina siendo tolerante, tibio e ineficaz, abrirá un peligroso
precedente para futuras acciones golpistas.
En un país que ha tenido a lo largo de su
historia innumerables asonadas golpistas, dictaduras e intervenciones
militares, la sanción ejemplar a esta última amenaza contra las instituciones
democráticas, puede adquirir una dimensión pedagógica para la ciudadanía en la
medida en que la sociedad advertirá que quienes financiaron, organizaron y
ejecutaron los actos sediciones que culminaron el 8 de enero de 2023, tendrán
que responder legalmente por sus actos. Con ello se refuerza la idea de que la
democracia no es solo una cuestión formal, sino que para su permanencia y
profundización se requiere de una responsabilidad compartida y de mecanismos
efectivos de punición contra quienes realicen actividades antidemocráticas. Lo
anterior debería aislar a los grupos extremistas de la extrema derecha y
permitir la recomposición de una centroderecha que esté dispuesta a respetar
las reglas del juego democrático.
Finalmente, el juicio a los golpistas y las
rigurosas penas que de allí se deriven puede representar una gran oportunidad
para que la democracia brasileña -pese a sus limitaciones-demuestre su robustez
y capacidad de resiliencia y, de esta manera, el país pueda cerrar la puerta a
nuevas aventuras sediciosas, inviabilizando la salida golpista como una
práctica política tolerable y banal.
Fernando de la Cuadra
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