Las últimas encuestas que indagan sobre las
preferencias de los brasileños para las elecciones de octubre del próximo año
dan al actual presidente Lula da Silva como seguro ganador en todos los
escenarios posibles. Ello se debe en gran parte debido a los logros obtenidos
por el gobierno en este periodo, principalmente la reducción del precio de los
alimentos y la salida del país del “Mapa del hambre”. También ha sido un
triunfo del Ejecutivo la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados de
su propuesta para la exención del impuesto de renta para quienes ganan hasta 5 mil
reales mensuales (US$ 930).
Por otra parte, la actual gestión ha conseguido abrir un canal de comunicación con el gobierno de Estados Unidos para reducir el valor de los aranceles aplicados unilateralmente por iniciativa de Trump, buscando presionar a las autoridades y a la Justicia brasileña para que deje sin efecto el juicio que existe todavía contra el ex Presidente Jair Bolsonaro y sus cómplices en la conspiración para ejecutar un Golpe de Estado después de perder las elecciones en octubre de 2022.
La campaña emprendida por Eduardo Bolsonaro
para que se apliquen sanciones a Brasil demostró fehacientemente para la
mayoría de la población que el proyecto del clan Bolsonaro no es para el país y
si para salvar al patriarca de las decisiones de la justicia. Con dicha
actuación el hijo menor del ex presidente demostró que el bolsonarismo es
fundamentalmente una propuesta que va en contra de los intereses de la Patria y
cuya actuación se restringe al ámbito de los intereses familiares.
Diferentemente, frente a la percepción de la ciudadanía de que las tarifas
impuestas a Brasil representan una flagrante violación de la soberanía e
independencia de Brasil, el presidente Lula se ha posicionado como un estadista
que vela por los intereses del conjunto de la nación.
En ese contexto, algunos sectores de derecha
han tratado de apartarse de esa versión más radical del bolsonarismo, bajando
las banderas por una “amnistía amplia, general e irrestricta”, para pasar a
asumir la demanda de una reducción de la pena de los condenados por los actos
sediciosos que culminaron el 8 de enero de 2023, la llamada dosimetría de las
penas.
Lo que se observa en los últimos dos meses es que se ha exacerbado la disputa interna dentro del campo conservador y de extrema derecha por cuál sería el candidato capaz de atraer el voto heredado del ex capitán y quienes podrían ampliar su base de apoyo entre aquellos sectores del electorado que se identifican con posiciones más conservadoras como, por ejemplo, la enorme masa de votantes adscritos a las diversas denominaciones del neo pentecostalismo. En este segmento se destacan los nombres de Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado y Ratinho Junior, actuales gobernadores de Sao Paulo, Minas Gerais, Goiás y Paraná, respectivamente.
A pesar de que en todos los escenarios de una
segunda vuelta Lula ganaría a estos candidatos, hasta ahora las mediciones no
constatan un triunfo arrollador del actual mandatario en una primera vuelta. En
ese escenario incierto, el Centrão se
mantiene a la expectativa del devenir de los acontecimientos y se debate en la
indecisión de si le conviene apoyar a Lula desde ahora o espera los resultados
de futuras mediciones electorales para condicionar el soporte a los candidatos
que se presenten con mayores posibilidades de triunfo dentro del campo confuso
y brumoso de la derecha. A su vez, una parte del Centrão podrá optar por asumir
una posición más ideológica radicalizándose hacia posturas más retrógradas y
subscribir incondicionalmente una candidatura decididamente bolsonarista.
El fortalecimiento del candidato Lula da
Silva debería provocar una división más precisa entre los grupos fisiológicos
de una derecha disimulada y oportunista y los sectores con una identidad más
inclinada hacia posiciones de extrema derecha, abonando la actuación de
Bolsonaro y sus hijos para boicotear y bloquear cualquier iniciativa del
gobierno, especialmente, las propuestas para el financiamiento de las políticas
sociales tan sensibles a las administraciones encabezadas por el Partido de los
Trabajadores.
De manera que el diseño ideal para los grupos
conservadores radicalizados consiste en el fracaso del ejercicio presupuestario
del gobierno, teniendo que aplicar un ajuste fiscal sobre el gasto social,
comprometiendo la popularidad del gobierno Lula y quizás permitiendo el
surgimiento de un candidato competitivo que lo derrote en la próxima contienda
electoral. Considero esta situación improbable, aunque todavía pueden pasar
muchas cosas cuando ya estamos a menos de un año de la realización de los próximos
comicios (4 de octubre de 2026) que escogerán un nuevo presidente y
vicepresidente, además de los gobernadores, un tercio de los senadores y la
totalidad de los diputados federales y estaduales.
Por su lado, el gobierno continúa con algunas tareas pendientes de sumo relevantes, como conseguir la aprobación de una ley que termine con el indigno régimen laboral de 6X1 (6 días de trabajo por sólo un día de descanso) y de lograr aumentar los impuestos de los billonarios, los bancos y las casas de apuestas (bets). También se puede sumar a este cuadro, las políticas y acciones en defensa del medioambiente que están en peligro ahora que el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) le ha otorgado una licencia a Petrobras para que pueda perforar el primer pozo en aguas profundas en la cuenca Foz del rio Amazonas. Dicha licencia podría desatar una escalada de explotaciones en esa parte del territorio, precisamente ahora que Brasil va a ser la próxima sede de la Conferencia de las Partes (COP30) en Belém do Pará. Es imperioso que el gobierno asuma responsablemente estas tareas si desea consolidar el apoyo de los electores que le dieron apoyo a un proyecto progresista que hasta ahora ha sido obstruido en función de acuerdos partidarios con fuerzas que apoyan los privilegios de una minoría y el retroceso político, social, cultural y ambiental del país.
Nenhum comentário:
Postar um comentário