La cuestión problemática de estas enmiendas es que el 40 por ciento de ellas pasarían a beneficiar al Estado de Alagoas, tierra natal y reducto electoral del actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. Como hemos señalado en artículos anteriores, Lira se desempeña como un ilustre capo mafioso desde su cargo, distribuyendo recursos e influencias dentro del Congreso y chantajeando al gobierno con el poder que detenta sobre la mayoría de los diputados del llamado Centrão.
La intención de Lira
y sus secuaces del Congreso siempre ha sido que los recursos obtenidos por la vía
de las enmiendas formen parte del presupuesto secreto, es decir, que los
parlamentarios no tengan la obligación de informar quien liberó el gasto, para
quien y en qué actividad u obra se utilizaron esos montos. Una verdadera caja
negra del destino del dinero público. Como el gobierno se encuentra en una
posición débil para enfrentar a los congresistas y sus grupos de intereses, le
ha correspondido al STF velar por el buen uso del patrimonio público,
asegurando que dichos recursos cumplan con el requisito de la transparencia y
rastreabilidad. Por eso, los honorables parlamentarios acusan al gobierno central
de estar coludido con el Poder Judicial para obstaculizar las actividades de
diputados y senadores. Ante lo cual, amenazan con boicotear las próximas
votaciones de suma importancia para el Ejecutivo, como, por ejemplo, la aprobación
de la Ley Anual de Presupuesto.
La discordia del
actual parlamento con el gobierno se ve reforzada por el clima beligerante
insuflado por las huestes bolsonaristas y los sectores de la extrema derecha.
Falsamente la prensa se ha dedicado a llamar la atención sobre la peligrosa
radicalización o polarización del país, pero objetivamente los únicos sectores
que se han radicalizado en esta última década son los grupos de la ultraderecha
brasileña. Si, por una parte, la respuesta intuitiva a la crisis es construir
un clima de tolerancia y diálogo en la sociedad que permita tener un debate
pluralista y ponderado sobre los diversos proyectos en disputa, por otra parte,
parece que la única manera de contener las amenazas de los grupos golpistas debiera
ser la aplicación de sanciones ejemplares a quienes han promovido acciones
conspirativas conscientes para quebrantar el Estado Democrático de Derecho.
Quienes participaron
de las invasiones a las sedes de los Tres Poderes en enero de 2023 vienen
solicitando la aplicación de una amnistía presidencial a todos los inculpados
como un gesto del Ejecutivo que ayude a la “pacificación” del país. Junto con
ello, piden el indulto para anular la inelegibilidad del ex Presidente
Bolsonaro pensando en su postulación para las elecciones de 2026. Mientras
apelan a la comprensión del presidente Lula, simultáneamente conspiran en todos
los ámbitos posibles contra el gobierno federal, culpándolo hasta de tragedias
climáticas como las inundaciones de Rio Grande do Sul o de los devastadores
incendios en Sao Paulo, Amazonas y Pantanal, cuando la mayoría de las
incompetencias observadas en estos casos son de responsabilidad de las
administraciones estaduales, controladas precisamente por representantes de la
derecha.
No obstante, en el
ámbito de las políticas sociales y las acciones de combate a la pobreza, el
saldo es negativo. La desigualdad y la exclusión siguen siendo uno de los
grandes problemas que se arrastran desde hace décadas y el porcentaje de
familias que viven en situación de miseria sigue siendo una afronta a la
democracia que la actual gestión no ha conseguido revertir. Los servicios
públicos continúan en una situación deplorable y miles de personas son
condenadas anualmente a la muerte o a una vida de sufrimiento por la falta de
atención adecuada en el sistema público de salud. Enfermedades como el cólera,
la fiebre amarilla, malaria o dengue, siguen causando la muerte de miles de habitantes
todos los años. Solo en el caso de esta última enfermedad, según datos del
Ministerio de Salud, para lo que va del presente año, fueron registrados
6.630.766 casos de dengue, de los cuales casi 6.000 terminaron en óbitos
confirmados y otros mil casos de fallecidos se encuentran en fase de
investigación para confirmar la causal.
Para mejorar la vida
de las personas que más lo requieren, el gobierno debe aumentar necesariamente
su gasto social, pero las barreras impuestas por el Congreso con el argumento
de que se mantenga el equilibrio fiscal, inviabilizan cualquier decisión del
Ejecutivo encaminada a asignar más recursos para programas sociales, bajo la
amenaza de sufrir un proceso de impeachment por irresponsabilidad en el uso del
dinero público, tal como sucedió en el año 2016 con la presidenta Dilma
Rousseff.
El país también
experimenta una epidemia de violencia, no solamente de las organizaciones
criminales del narcotráfico y las milicias, sino que de las diversas policías que
están utilizando métodos truculentos e ilegales para enfrentar a los
delincuentes. Varios casos de asesinatos sumarios realizadas por las “fuerzas
del orden” han conmovido a los ciudadanos de este país. Institutos y Centros de
Estudios dedicados al tema advierten que se ha producido un incremento notorio
en la letalidad policial durante este año, siendo que en algunos estados ella
se ha incrementado en un 160 por ciento, como es el caso de Mato Grosso do Sul.
Otros Estados con cifras alarmantes de ejecuciones son São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina y Distrito Federal. Para el especialista en seguridad
pública, José Vicente, esto es intolerable: “Nosotros sabemos que cuando hay un
incremento de esa letalidad, mucha cosa errada está sucediendo. Es muy probable
que personas murieron sin deber estar muriendo en la mano de agentes del
Estado”.
En torno a la
cuestión ambiental el escenario es decepcionante. A pesar de que Brasil va a
ser sede de la próxima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP
30) que se realizará en la ciudad de Belén, Estado de Pará, en noviembre de
2025, la actuación gubernamental en este ámbito tiene muchas tareas pendientes.
Son especialmente graves la negligencia en las políticas de preservación y
cuidado en los biomas brasileños, sobre todo en los territorios del Cerrado,
Pantanal, Amazonas y Mata Atlántica. Miles de hectáreas de bosques son quemados
o destruidos todos los años, sin que los órganos de vigilancia y protección
puedan cumplir con su papel, por diversos motivos: por falta de funcionarios
para fiscalizar las áreas de riesgo, por escasez de recursos e infraestructura
para realizar el monitoreo o por la colusión de funcionarios con empresas
forestales y empresarios inescrupulosos que desarrollan actividades criminales
en esos espacios. De esta manera, quemadas, desforestación, extractivismo
ilegal, polución de las aguas y depredación de ecosistemas valiosos, forman
parte de una constelación de problemas que comprometen seriamente las prácticas
de sustentabilidad prometidas en el programa de Lula y su coalición de
partidos.
En el plano
internacional, la reelección de Trump y la ascensión de líderes de la extrema
derecha por el mundo, colocan en alerta a las autoridades de gobierno y del
Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty). La política exterior brasileña
siempre se ha caracterizado por su pragmatismo y neutralidad, pero las guerras
y los conflictos existentes en diversas regiones, desafían la capacidad de Lula
para operar como un mediador eficaz en el concierto mundial. Es consenso entre
los cuadros diplomáticos que Brasil ya no tiene el protagonismo que poseía
antes como una nación capaz de participar en acuerdos para promover la paz en
la región y en el planeta.
La conjunción de todos estos aspectos le ha impedido a Lula aumentar o incluso mantener su popularidad, la que, si bien no ha descendido bruscamente, tampoco ha conseguido estabilizarse en los niveles que tenía al inicio de su mandato. Por ello, el gran desafío para la segunda mitad de su gestión será exorcizar estos y otros demonios que se han venido robusteciendo en el curso de los dos últimos años. Si la tendencia es que estas amenazas aumenten en un futuro próximo, las posibilidades de que el actual mandatario se constituya en una carta segura en las próximas elecciones para encabezar un cuarto gobierno, se verán seriamente comprometidas o directamente anuladas.
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