Fiz questão de ir lá ver. Não consegui
enxergar
Desempregado, despejado, sem ter onde cair
morto
Endividado sem ter mais com que pagar
Nesse país, nesse país, nesse país
Que alguém te disse que era nosso...
Perplexo, Os Paralamas do Sucesso
Un año sin mucho para celebrar
El próximo 1 de enero se cumple el primer año
desde que asumió el presidente Lula da Silva. En este periodo el gobernante
brasileño pudo cumplir con algunas de sus propuestas de campaña, pero para ello
ha tenido que renunciar a la construcción de un gobierno efectivamente
progresista en el ámbito económico, político, social, cultural y ambiental.
El llamado “presidencialismo de coalición” le
ha implicado a Lula sufrir algunas derrotas que resultan de la cada vez más
amplia plataforma de apoyo entre los partidos que componen su actual
administración. Con el objetivo de asegurar la estabilidad institucional y la
sacrosanta gobernabilidad, el mandatario fue incorporando hasta a los más
tradicionales partidos de la derecha brasileña, como Unión Brasil, Partido
Social Democrático (PSD), Partido Progresista (PP), Republicanos o Partido
Laborista Brasileño (PTB).
Inconsistente con el electorado y la base
social que le dio sustento en octubre de 2022, el gobierno tuvo que renunciar a
las expectativas que existían en torno a su programa original para iniciar
-desde antes de asumir su mandato- una rueda interminable de negociaciones con
los sectores de derecha que amenazan permanentemente con boicotear su gestión
de no obtener los beneficios que creen “merecer” por parte del Ejecutivo. (Los
principales escollos del gobierno Lula).
Electo a partir de la construcción de una concertación con partidos de izquierda y centro izquierda, los correligionarios del presidente representan solamente a un cuarto de los asientos en el Congreso, es decir, el gobierno posee una correlación de fuerzas bastante desfavorable para impulsar su agenda programática en el campo político.
Solo para ayudar a la memoria, es bueno
recordar que, en el segundo turno de las elecciones del 30 de octubre de 2022,
el candidato Lula da Silva triunfó solamente con el 50.9 por ciento de los
votos válidos que representaron poco más de 60 millones de sufragios, ganando
por una margen muy estrecha con relación a su contendor de la extrema derecha.
No deja de ser intrigante saber que 58
millones de brasileños votaron por Jair Bolsonaro, que ha sido el presidente
con peor desempeño desde la redemocratización en 1985. No solo su
administración dejó un legado de casi 700 mil muertes a causa de la pésima
gestión de la pandemia del Covid19, como también su mandato será reconocido en
la historia brasileña como aquel que provocó la mayor destrucción de los
sistemas de protección social, el exterminio de los pueblos originarios, la
devastación ambiental, el apoyo incondicional a las milicias o el ataque
violento a las minorías y la diversidad sexual.
A pesar de su triunfo – con un desempeño que
frustró las expectativas en torno a su candidatura- las alianzas que consiguió
construir el pacto democrático no han sido suficientes para proporcionarle a
Lula las articulaciones necesarias para implementar su programa con
tranquilidad y fluidez. Eso se debe en gran medida al hecho de que, en las
elecciones de gobernadores, senadores y diputados, la derecha y la extrema
derecha obtuvieron una significativa representación a lo largo y ancho del
país.
Varios ministros de Bolsonaro consiguieron
escaños en la Cámara y el Senado y los cuatro estados más importantes de la
República (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Rio Grande do Sul) poseen
gobernadores cercanos o militantes de la extrema derecha. Eso sin contar con
las presiones que sufre constantemente de parte de unas Fuerzas Armadas con
vocación golpista, de los empresarios retrógrados, de los sectores del
agronegocio, de los conglomerados extractivistas, de los especuladores
financieros, de las iglesias pentecostales o de las milicias que controlan
parte del territorio de las grandes capitales.
En este escenario de presiones y chantajes, el Parlamento acaba de aprobar el presupuesto del próximo año el que incluye la escandalosa cifra de 53 billones de reales (como 11 billones de dólares) para obras propuestas y elegidas por sus diputados y senadores. Esta descomunal cifra de enmiendas parlamentarias es similar a aquella que el gobierno debería invertir en todos los proyectos diseñados para el próximo año. Dichos recursos son la moneda de cambio que poseen los congresistas para reproducirse en sus reductos electorales, ignorando casi siempre las prioridades del gobierno. Este último desdoblamiento sobre la pérdida de control con respecto a la planificación presupuestaria se inscribe en aquello que puede ser considerada como una nueva modalidad de “parlamentarismo disfrazado”, la cual le resta aún más capacidad decisoria al ejecutivo, restricciones que ya se presentan en el marco del presidencialismo de coalición al que aludimos anteriormente.
Las tareas pendientes de un gobierno acorralado
Resumiendo, desde que fue ungido como primer
mandatario, Lula ha debido gobernar en un tipo de régimen hibrido o
transformista que se mueve entre un tipo de presidencialismo incompleto y un
parlamentarismo enmascarado, siempre amenazado por el Presidente de la Cámara,
Arthur Lira, que exige mayores poderes a cambio del apoyo de los partidos del
Centrao, operando casi como un primer ministro que administra las tareas de un
Estado que no tiene nada de republicano. Lira es una figura que se encuentra
más interesada en fortalecer los privilegios personales y de sus seguidores,
valiéndose para ello del usufructo del tesoro público y en contra de cualquier
iniciativa que ayude a superar los problemas que enfrentan los brasileños.
Entonces, desde la conformación de su
gabinete, Lula ha tenido que ir cediendo a los intereses de los partidos que
fueron incorporándose a la base del gobierno, descartando a ministros –y
especialmente ministras- que eran de su confianza. El caso más emblemático fue
la salida de la Ministra del Deporte, Ana Moser, una destacada deportista que
era de plena confianza para el mandatario. Ella que tuvo que dejar el cargo
para entregárselo a un cuestionado André Fufuca, miembro del Partido
Progresista, un conglomerado de derecha que ni siquiera apoya al gobierno en
las votaciones más relevantes y en que la mayoría de sus integrantes siguen
fuertemente ligados a las huestes bolsonaristas.
Este partido, junto con Republicanos y Unión
Brasil van negociando ministerios con el gobierno Lula, mientras siguen
manteniendo puentes con el bolsonarismo. La estrategia consiste en dejar las
puertas abiertas con ambos campos políticos para evaluar con cuál de ellos
vincularse, según las configuraciones que se presentan en el Congreso y de
acuerdo con el termómetro electoral.
O sea, dado el conjunto de limitaciones
políticas y económicas que le ha ido imponiendo un Congreso fisiologista,
corrupto y oportunista, el presidente Lula se encuentra prácticamente
incapacitado incluso para realizar un gobierno reformista con un perfil
moderado de transformaciones, como lo fueron sus dos administraciones
anteriores entre 2003 y 2010. Aun siendo parte de un ciclo socialdemócrata
imperfecto, estos gobiernos por lo menos consiguieron – a través del
asistencialismo y de transferencias directas del Estado a los grupos más
carentes- sacar a miles de familias del mapa de la pobreza. En estos momentos,
el hambre de millones de brasileños heredada de la gestión de Bolsonaro,
persiste todavía como un monumental e ineludible desafío a ser superado.
La permanencia de una ideología ultra
conservadora y de la extrema derecha política no se discute como dato de
realidad, ella posee basamentos firmes en la propia historia brasileña, con su
herencia esclavista, racista y clasista, sus raíces religiosas atávicas, su
cultura country y su elite colonizada. Dicha impronta reaccionaria se apoya
durante siglos –con escasas excepciones- en una fuerza militar que siempre está
amenazando los avances democráticos de la sociedad, con un empresariado
atrasado que vela solamente por sus intereses y subordinado a las directrices
de las corporaciones transnacionales.
En ese contexto, el gobierno Lula no ha
conseguido ni siquiera mejorar el Programa Bolsa Familia ni aumentar el salario
mínimo a niveles que permitan recuperar la capacidad de compra perdida por las
familias brasileñas durante la administración de Bolsonaro. Otros programas
emblemáticos de las anteriores administraciones del Partido de los Trabajadores
(Programa de Aceleración del Crecimiento, Sistema Único de Salud, Minha
Casa-Minha Vida, Farmacia Popular), se arrastran lánguidamente y sobreviven
gracias al esfuerzo de los profesionales comprometidos con la mejoría de vida
de la población más vulnerable.
En el ámbito de la participación popular, la
tarea se encuentra aún pendiente y no existe una política efectiva de formación
política para los ciudadanos. Por su parte, las organizaciones y movimientos
sociales se han restado a la realización de manifestaciones durante el presente
año bajo el argumento de que es necesario apoyar incondicionalmente al gobierno
que debe maniobrar entre adversarios declarados y agresivos. Parece que existe
una abdicación absoluta sobre la necesidad de complementar las políticas
públicas con la participación popular, precisamente desde un gobierno que dice
promover la inclusión social con los procesos pedagógicos que aseguren la
organización y movilización de la población en torno a sus derechos
postergados.
En síntesis, nos encontramos ante un gobierno
de manos atadas que es amenazado y extorsionado por un Legislativo y por
diversas fuerzas retrógradas que se han dedicado a desmontar la carta de
navegación progresista que se presentaba en la campaña electoral. Sin convocar
el apoyo de los sindicatos, las organizaciones sociales y de la ciudadanía en
general, será muy difícil para el actual gobierno alterar la actual correlación
de fuerzas desfavorable y salir de las trampas que le tienden cotidianamente sus
enemigos. En esa gran encrucijada se encuentra el actual mandatario y su
proyecto de reformas, si pretende mejorar positivamente la vida de los
habitantes de un país que no debería renunciar a la esperanza.
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