Fernando de la Cuadra* - La trama golpista despierta los miedos del gobierno Lula

El historiador carioca Carlos Fico ha afirmado en casi toda su producción sobre el proceso político brasileño y el Golpe de Estado de 1964, que las Fuerzas Armadas siempre han tratado de justificar jurídicamente las intervenciones y con ese próposito buscan el apoyo de especialistas en materias constitucionales para sustentar legalmente la intervención militar. (1)

De hecho, hace ya un tiempo se había filtrado la información de que algunos connotados juristas se encontraban elaborando un documento que le diera sustentación legal a la frustrada injerencia de las Fuerzas Armadas para impedir que el presidente electo Lula da Silva asumiera el poder el 1 de enero de 2023.

El Ministro de Justicia, Anderson Torres, sería el encargado para dar el soporte jurídico de las medidas golpistas a ser adoptadas. El documento conocido como “Minuta del Golpe” fue recibida por Bolsonaro en noviembre de 2022, días después de perder la segunda vuelta en las elecciones ante el candidato Lula da Silva, del Pacto Democrático “Brasil de Esperanza”. Dicho texto le fue entregado por el ex asesor Filipe Martins y por el abogado Amauri Saad, integrantes del alto escalón del comité de civiles y militares que tramaban -a partir de la derrota en las urnas- la interrupción del itinerario electoral trazado en la Constitución.

Esa minuta decretaría la detención de algunos ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Morais y Gilmar Mendes, así como del Presidente del Senado Rodrigo Pacheco. Junto con ello, se anularían las elecciones y se convocaría a la realización de un nuevo pleito en una incierta fecha futura. Luego de algunas modificaciones realizadas por el ex presiente Bolsonaro al texto, éste convocó a los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Marina y al entonces Ministro de Defensa, para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas a dicha propuesta. Según propia declaración posterior a la Policía Federal del Comandante en Jefe del Ejército, General Freire Gomes, él se habría opuesto a esta iniciativa y advirtió al propio Bolsonaro que no adhería a estas ideas de quiebre institucional y que, en caso de proseguir con la iniciativa golpista, tendría que detenerlo. Parece poco creíble dicha declaración, toda vez que luego de tal advertencia, el General Freire Gomes fue visto amigablemente en otras reuniones con el Presidente Bolsonaro y el resto de los Comandantes.

Con posterioridad al descubrimiento de la Minuta de Golpe original, fue encontrado un segundo documento que postula la instauración del Estado de Sitio a partir de la aplicación de la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), una medida que sería accionada por las Fuerzas Armadas en caso de necesidad para asegurar la “restauración del Estado Democrático de Derecho en Brasil”.

Toda esta trama secreta para imponer un estado de excepción en la Nación, fue planeada durante dos meses en el Palácio da Alvorada, bajo iniciativa del candidato derrotado que no aparecía públicamente, pero que conspiraba en las sombras. Lo que ahora sabemos y ha quedado al descubierto, es producto de que el ministro Alexandre de Moraes decidió terminar con el sigilo de las transcripciones obtenidas por la Policía Federal durante los interrogatorios a los Comandantes de las Fuerzas Armadas y a otros militares de alta patente que se vieron involucrados en la intentona golpista.

Por lo mismo, resulta inexplicable que justamente cuando la conspiración golpista se encuentra totalmente desclasificada, denunciada y sus principales implicados arriesgando procesos de condenación en la justicia, el gobierno, contrariamente a lo esperado, ha decidido asumir una postura de extrema cautela y hasta de temor excesivo por las posibles consecuencias que pudieran tener los juicios a los mentores del golpe de Estado fracasado, con el ex presidente Jair Bolsonaro a la cabeza.

En ese contexto, Lula suspendió todos los actos alusivos a la conmemoración de los 60 años del Golpe Militar que iban a suceder el próximo el 1 de abril, los cuales ya estaban planificados con mucha antelación. En dichos actos, el gobierno se proponía realizar pedidos de disculpas públicas a las víctimas de la dictadura instalada en 1964. Bajo el eslogan de “60 años del Golpe de Estado 1964-2024, sin memoria no hay futuro”, el Ministerio de los Derechos Humanos encabezaba una coordinación interministerial para exaltar la lucha de los militantes perseguidos, torturados y ejecutados por el régimen militar.

Estas actividades de profundo simbolismo y de reparación histórica, fueron vetadas por el Presidente Lula da Silva en su tentativa de evitar enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, precisamente en la actual coyuntura de investigación y punición de los actos golpistas perpetrados por Bolsonaro y sus cómplices dentro de los cuarteles militares. Hace unos días atrás Lula ya había advertido a algunos de sus correligionarios del Partido de los Trabajadores que no deseaba “remover las cicatrices del pasado”, una declaración cuestionada por muchos militantes que experimentaron en carne propia la represión y la violencia desatada por el régimen de excepción imperante hasta 1985. (2)

Organizaciones de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil también recibieron con mucho malestar las expresiones del presidente y en una nota difundida a la opinión pública, más de 150 entidades reunidas en torno de la Coalición Brasil por Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Democracia calificaron las declaraciones del Ejecutivo como equivocadas y defendieron que rememorar esa fecha no significa remover el pasado, sino que implica discutir el futuro del país: “Repudiar vehementemente el Golpe de 1964 es una forma de reafirmar el compromiso de punir los golpes también del presente y eventuales tentativas futuras”.

Por lo mismo, es casi imposible no asociar los ataques golpistas que culminaron el 8 de enero del año pasado, con el sentimiento de impunidad que todavía cubre a los autores del Golpe de 1964. La memoria, en este caso, no debe hacer grandes esfuerzos para constatar que muchos de los protagonistas de ese periodo tenebroso de la historia brasileña se encuentran actualmente apoyando las embestidas golpistas de sectores de las Fuerzas Armadas y grupos de extrema derecha. Lo cierto es que los cuatro años del gobierno del ex capitán empoderaron a los militares en puestos estratégicos del aparato de Estado, lo cual fortaleció a los defensores del golpismo entre las filas castrenses. Bolsonaro reactivó en los militares un deseo de poder que siempre estuvo presente, aunque a veces por las circunstancias políticas se encontraba en estado latente o larvado. 

Temiendo que este deseo de poder de los militares se pueda expresar en cualquier momento, la actual gestión de Lula asumió un papel extremadamente conciliatorio para vincularse con los militares. Debido a lo anterior, el gobierno viene concediendo muchos beneficios a las Fuerzas Armadas como el aumento del presupuesto para la compra de equipos y material de guerra, reajuste salarial, planos previsionales y de salud exclusivos y un conjunto de otros beneficios económicos para sus integrantes.

Volviendo al ámbito de los Derechos Humanos, el gobierno también desistió de la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos luego de ser discutida, en este sentido, una iniciativa elaborada por el Ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida. Esta idea surgió después que el Ministro Almeida quedará impresionado con la experiencia chilena después de visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en su paso por Santiago en septiembre del año pasado, con motivo de las conmemoraciones de los 50 años del Golpe de Estado en Chile.

Por último, la Comisión para la Justicia y la Verdad creada durante el periodo de la Presidenta Dilma Rousseff, y que fue extinguida durante el gobierno Bolsonaro, todavía no ha sido repuesta por el actual gobierno, contrariando uno de sus compromisos de campaña. Aquellos que tenían la expectativa que el tercer mandato de Lula pudiera establecer un nuevo marco de relaciones con las Fuerzas Armadas, reforzando su carácter profesional e institucional fuera de la política interna, tendrán que resignarse a ver frustradas dichas aspiraciones, pues la amenaza que siguen representando los militares como “poder moderador” va a continuar pendiendo como una espada de Damocles sobre la democracia y la vida de los brasileños.

(*)Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.

(1)Carlos Fico, Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, Rio de Janeiro, Editora Record, 2004; Ditadura militar brasileira: aproximações teóricas e historiográficas, Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, vol. 9, núm. 20, 2017, pp. 5-74.

(2)Según datos recabados por la Comisión Nacional de la Verdad en 2014, el número de ejecutados políticos entre esos años (1964-1985) llega a 191 muertos y el número de desaparecidos asciende a 210 personas. Otros 33 desaparecidos tuvieron sus cuerpos encontrados posteriormente, lo que da un total de 434 personas asesinadas. Las estimativas de torturas llegan a más de 20 mil casos