Se sabe que la actual gestión deberá realizar un ajuste ministerial en un futuro mediato, sin embargo, la Cúpula de la Cámara de Diputados aguarda la elección del nuevo comando de la Casa para negociar directamente con el presidente Lula da Silva la reforma ministerial, saltándose la ronda de negociaciones con el actual ministro de la Secretaria de Relaciones Institucionales y, por lo tanto, quien debiera ser el responsable de liderar la articulación política, Alexandre Padilha.
El argumento de
los líderes de la Cámara, es que solo van a negociar con el presidente Lula,
pues es él quien tiene la discrecionalidad de decidir al final los cupos
ministeriales que reivindican los miembros del centrão, que dominan sobradamente las acciones dentro del Congreso.
A pesar de que el cargo de Padilha cuenta con el apoyo de Lula y es parte del
andamiaje institucional del gobierno, los diputados no reconocen su legitimidad
para realizar las negociaciones sobre el futuro de la composición ministerial.
Ellos también le
hicieron llegar al Palácio do Planalto
la información de que prefieren que en esta negociación no participen los
líderes de los partidos de la amplia coalición, sino que los acuerdos sean
realizados directamente por los presidentes de ambas Casas del Congreso
Nacional. Para ello, se sabe que existe un diseño con todos los cambios
propuestos para la reforma ministerial, con candidatos marcados para asumir los
nuevos cargos, todos de partidos de derecha que antes habían formado parte del
gobierno de Bolsonaro.
En un acto de chantaje
político directo, descarado y sin escrúpulos, los líderes del Congreso vienen
señalándole al gobierno que esa es la única manera de mantener los actuales
equilibrios de fuerzas entre ambos Poderes del Estado, lo que a su vez es una
condición que permitiría afirmar y garantizar la gobernabilidad de la presente
gestión.
De hecho, en la
primera mitad de este tercer mandato del gobierno Lula ha sido evidente la
falta de colaboración y de presiones ejercidas por los Congresistas, quienes se
han dedicado a boicotear la mayor parte de los vetos realizados por el
Ejecutivo, desconociendo la voluntad del presidente y reponiendo prácticamente
todos los proyectos propuestos por el Legislativo, que tiene la prerrogativa de
dar la palabra final para la aprobación de las medidas provisorias y las leyes.
Actualmente, las
enmiendas parlamentarias son el principal instrumento utilizado por los
parlamentarios para reforzar sus corrales electorales, quienes destinan gran
parte del tiempo de su labor legislativa a gestionar los recursos para obras e
inversiones en sus reductos y articulando con los poderes locales y estaduales
mayores cuotas de poder que les permitan la reproducción de su actuación
política en esos territorios.
Desde 2015 hasta
la fecha, los valores de las las enmiendas fueron adquiriendo un crecimiento
acelerado que las ha llevado a ocupar un impactante volumen dentro del
presupuesto nacional, algo así como 50 mil millones de reales (aproximadamente
8 mil quinientos millones de dólares). Además de este enorme caudal de dinero,
el Congreso aprobó la ejecución obligatoria para la mayor parte de estos
fondos, inclusive con las contraindicaciones y bloqueos realizados por el
Supremo Tribunal Federal, quien ha tratado de velar por la transparencia y
trazabilidad de los dineros transferidos desde los cofres públicos.
Con los montos
abultados que han acumulado las enmiendas impositivas, que en muchos casos
superan los presupuestos de determinados ministerios, el poder de negociación y
la influencia de los congresistas viene, en consecuencia, aumentando
considerablemente. Anteriormente, tanto la ocupación de ministerios como los
montos públicos destinados a diversos tipos de emprendimientos daban una gran
capacidad de negociación a los gobiernos. Actualmente, esta capacidad se
encuentra definitivamente concentrada en el parlamento.
El carácter desmedido
que ha tomado este empoderamiento de las huestes del atraso fisiológico del
Congreso, coincide con la derrota sistemática que vienen sufriendo las fuerzas
progresistas y de izquierda en las últimas elecciones parlamentarias y
municipales, lo que les otorga a los representantes de la derecha y la extrema
derecha una presencia mayoritaria en las decisiones más significativas de la
legislatura, la mayoría de ellas marcadas por corrupción y cooptación del
aparato institucional del país. En efecto, tales sectores se encuentran más habituados
con las prácticas de esta índole durante décadas en la historia política
brasileña.
Si bien es cierto
Lula da Silva ganó las elecciones de 2022 -y, dicho sea de paso, por un margen
estrecho-, la composición del Congreso Nacional le ha sido francamente adversa,
debiendo ampliar la base de su administración a partidos de derecha que hasta
hace muy poco formaban parte del gobierno Bolsonaro. De esta manera, Lula tuvo
que distribuir al inicio de su mandato nada menos que nueve ministerios entre
partidos de esta amplia coalición, entre ellos, Unión Brasil, Partido Social
Democrático (PSD), Movimiento Democrático Brasileño (MDB), aumentando después
la transferencia de nuevos ministerios para otros dos partidos ontológicamente
de derecha, el Partido Progresistas (PP) y Republicanos.
No obstante, a
pesar de participar en esta “amplísima” base gobiernista, muchos diputados y
senadores que militan en los partidos indicados anteriormente, siguen siendo en
los hechos de oposición, apoyando en escasas oportunidades las iniciativas
emanadas desde el Ejecutivo o directamente boicoteando los proyectos presentados
por el Palácio do Planalto.
Si a ello se suma
la amenaza siempre latente de una sanción contra el gobierno a causa de cualquier
posible acusación por irresponsabilidad fiscal y, por ello mismo, la
consecuente aplicación medidas de contención de gastos promovidas por su actual
Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, este tercer mandato del presidente Lula es
claramente más deficitario en la promoción de programas sociales de gran
impacto, como es el caso de los Programas Bolsa
Família, Fome Zero, Minha Casa/Minha Vida o los diversos
tipos de apoyos a la investigación científica y la formación universitaria.
Presionado por
una oposición activa y acosado por sus propios errores, el gobierno Lula parece
una administración debilitada que debe enfrentar a un Congreso empoderado,
manipulador y turbinado por el conjunto de enmiendas parlamentarias que le
otorgan un poder expresivo a la hora de decidir sobre las políticas públicas y
otro sinfín de materias. Estos órganos asumieron un nivel de protagonismo no
solamente dentro del proceso político sino especialmente en la definición de
las prioridades del presupuesto fiscal, que en concreto son las prioridades de
los intereses de cada uno de los “excelentísimos” diputados y senadores.
Lejos del escrutinio popular, los parlamentarios no tienen que rendirle cuentas a nadie, menos a los electores y ciudadanos brasileños que hasta ahora han aceptado pasivamente el curso de los acontecimientos. Es decir, nos encontramos frente a una institución que detenta poderes casi omnímodos y que actúa sin grandes contrapesos institucionales. Ello permite vislumbrar un escenario sombrío y trágico que va a requerir de la movilización activa, comprometida y permanente de la sociedad civil y de los otros poderes, para garantizar una mayor transparencia y un ejercicio efectivamente democrático en los procesos políticos decisorios por parte de los diversos agentes que conforman ambas Casas Legislativas. Si no es así, el despotismo parlamentario puede comprometer seriamente el futuro de Brasil.
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