Desde que asumió
la presidencia de la República, Lula da Silva ha tenido que sortear
innumerables obstáculos para poder gobernar y llevar adelante sus principales
promesas de campaña, como el aumento del salario mínimo, la eliminación de la
miseria a través de las transferencias directas del Estado o la salida de
Brasil del Mapa del Hambre por medio de políticas activas de enfrentamiento de
este flagelo mundial.
En ruta de
colisión, la extrema derecha y la derecha –que la prensa llama eufemísticamente
de centrão– se han empecinado en colocar incalculables escollos a
casi todas las iniciativas emanadas desde el Ejecutivo. Recordemos que ya antes
de asumir su mandato en enero del presente año, el gobierno entrante tuvo que
negociar con un Congreso chantajista la aprobación del presupuesto de 2023, que
incluía los recursos necesarios para sacar adelante las políticas apuntadas
anteriormente. (Los principales escollos del gobierno Lula).
En el caso de la superación de la pobreza, la complicada y extenuante negociación para obtener los recursos necesarios para implementar el renovado Programa Bolsa Familia dentro del Presupuesto de 2023, necesitó de mucha transacción política, renuncia programática e inclusión de políticos de derecha en el cuadro ministerial del nuevo gobierno. Solo de esta manera se pudo aprobar la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que incluyera en las cuentas de este año los valores para asegurar el financiamiento de una política de transferencia directa imprescindible, vistos los altos niveles de pobreza y hambre que acumuló la población más vulnerable del país durante el ciclo funesto de la administración anterior.
En estos
primeros meses del gobierno Lula, los sectores de la derecha y extrema derecha
siguen desatando sus bloqueos a la implementación de los planes que buscan
mejorar las condiciones de vida de dichos sectores más vulnerables, tratando
paralelamente de influir en decisiones del ejecutivo para la nominación de un
conjunto de entidades estatales y paraestatales con el fin de lograr el control
político y financiero de órganos centrales en el andamiaje gubernamental.
Utilizan el
control sobre estas instituciones como moneda de cambio para aceptar la promulgación
de la Medida Provisoria (MP) que oficializa el aumento del número de
Ministerios, incluyendo importantes carteras como las de Planificación,
Desarrollo e Industria, Pueblos Indígenas, Desarrollo Agrario, Transportes,
Cultura e Igualdad Racial.
Para obtener el
respaldo de esta Medida Provisoria, la nueva gestión tuvo que negociar su
consentimiento junto con la mantención de la Fundación Nacional de la Salud
(FUNASA), órgano que ha sido evaluado negativamente por el gobierno que
aspiraba a su extinción. Los partidos del centrão condicionaron
la aprobación de esta MP a la reconsideración de las autoridades sobre la
viabilidad de dicho organismo y de la consiguiente distribución de cargos entre
los principales partidos con representación mayoritaria en la Cámara.
Y también con la
aprobación de esta MP se tuvo que aprobar el Proyecto de Ley del Marco Temporal
que amenaza el Derecho Constitucional de los Pueblos Originarios, además de
incluir en esta negociación una nueva legislación que busca minar la actual ley
que vela por la protección de la Mata Atlántica, que actualmente se encuentra
en serio riesgo de extinción.
A pesar de su
triunfo en la segunda vuelta en octubre de 2022, el actual mandatario no fue
acompañado por una parte significativa de sus electores en las votaciones para
elegir a los representantes del Congreso. De hecho, del total de 513 diputados,
la coalición de gobierno puede contar solamente con 95 diputados que respaldan
sus iniciativas. El resto de los miembros de la Cámara deben ser
“conquistados” en función de intereses sectoriales y particulares que puedan
movilizar eventuales apoyos a las medidas y proyectos emanados desde el
Ejecutivo.
De estos 418
diputados restantes, los que militan en el PSB, PDT, MDB y el PSD se pueden
sumar con mayor facilidad a las fuerzas que promueven algunos cambios y
reformas impulsadas por el gobierno, aunque su respaldo es casi siempre
condicionado a algunos beneficios que puedan obtener por parte de la
administración central. El resto forma parte de una corriente moderada o
“independiente” más o menos oportunista que se puede sumar en determinadas
circunstancias (Unión Brasil, Partido Popular, Republicanos) y una oposición
más férrea, ideológicamente identificada con el bolsonarismo, como es el caso
del Partido Novo y del Partido Liberal, que es el mismo donde milita el ex
capitán.
En el Senado la
situación no es muy diferente. De sus 51 integrantes, la base del gobierno
cuenta con 8 miembros del PT, más otros 32 integrantes de partidos aliados o de
cierta proximidad auspiciado por motivos instrumentales (caso del MDB y el
PSD).
Efectivamente,
la actual configuración del Congreso Nacional que tiene un perfil conservador
–quizás más conservador que durante el propio gobierno Bolsonaro- ya venía
anticipando una relación conflictiva entre el gobierno Lula y sus detractores
de derecha y de extrema derecha. En ese contexto, se puede apreciar los
denodados esfuerzos de estos sectores por desplegar una enorme cantidad de estrategias
para descalificar todos los esfuerzos del actual gobierno en pos de políticas
sociales más justas e inclusivas y, lo que resulta aún más evidente, evitar que
ellas se implementasen por medio de su aprobación en el Legislativo.
Dichas
estrategias se vienen amparando en el enorme sustento otorgado por los medios
de comunicación y sus campañas violentas de desinformación. Se sabe que tales
campañas de desprestigio mediático representan una fórmula de uso común por
aquellos grupos empresariales que buscan erosionar la imagen y credibilidad de
los proyectos progresistas, dirigiendo especialmente su artillería hacia los
líderes de tales proyectos.
Decíamos que, en
el caso del gobierno Lula, la ultraderecha y los partidos del centrão vienen
difundiendo -con la complicidad de los medios- información falsa sobre las
iniciativas del Ejecutivo, recurriendo a narrativas y fake news que
tienen por objetivo desmontar o generar dudas sobre la viabilidad de esas
propuestas. Son frecuentes las acusaciones de irresponsabilidad fiscal ante
cualquier indicio de aumento del gasto público destinado a profundizar las
políticas sociales. Ello incluye chantajes como que aumentarán los riesgos de
una depreciación de la moneda (subida del dólar) o la caída estrepitosa de las
cotizaciones de la bolsa, como ya se pudo constatar claramente inclusive desde
antes de iniciarse la nueva gestión.
Ciertamente,
parece que Brasil se encuentra organizado por un tipo de régimen semi-presidencialista,
con la salvedad de que el Congreso no asume ninguna de las responsabilidades
emanadas de las decisiones que recaen exclusivamente sobre el Ejecutivo. De
esta forma, en el Palacio do Planalto existe plena consciencia
de que actualmente no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante los
principales proyectos que le permitirá cumplir cabalmente con el Programa que
le propuso a la ciudadanía. En los hechos, el enorme desgaste que experimentó
el Ejecutivo para la aprobación de la MP que aumentaba el número de
Ministerios, demostró la fragilidad que posee el gobierno con relación al
Congreso.
Delimitando un
futuro escenario posible, Lula tiene la posibilidad de intentar una salida como
su par colombiano Gustavo Petro, que después de nueve meses de sufrir la
resistencia a su programa de reformas sociales, decidió realizar un cambio
abrupto en su gabinete, pidiéndole la renuncia a todos los ministros que
formaban parte de la coalición con el Partido Liberal. Lo que no debe hacer
Lula da Silva es renunciar a su legado y a sus promesas de gobierno,
brindándole a los sectores reaccionarios el beneplácito de conseguir su
propósito de imponer la impronta patrimonialista y plutocrática sobre los
destinos de Brasil.
Apoyado por una
reinserción internacional favorable, la viabilidad del proceso de cambios
ineludibles que se deben emprender en los próximos meses depende no solo de la
capacidad del Presidente Lula de llegar a acuerdos con un Legislativo que
bloquea y extorsiona sistemáticamente la carta de navegación progresista, sino
sobre todo va a depender de la determinación que tenga el gobierno para
profundizar una correlación de fuerzas favorables y mantener una movilización
activa de sus seguidores que le permita cumplir con su programa, reconstruyendo
lo que fue destruido por el nefasto mandato anterior y proponiendo nuevas
reformas estructurales para mejorar la vida del pueblo brasileño.
*Doctor
en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia. Analista del
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Nenhum comentário:
Postar um comentário