A medida que pasan los días, como en una
caja de pandora, se conocen cada vez más detalles de la intentona de Golpe
fracasada que planificaron el entorno más cercano del ex presidente Jair
Bolsonaro.
Con la información obtenida desde los
archivos del celular incautado a su ex ayudante de órdenes, teniente-coronel
Mauro Cid, se están conociendo los detalles más escabrosos y bizarros de una
conspiración en varias etapas que culminaría el día 8 de enero con la
instauración de un Consejo Militar destinado a restablecer el “orden y la
tranquilidad” en Brasilia y las principales ciudades del país.
Con el sugerente título de “Las Fuerzas
Armadas como poder moderador”, uno de estos documentos expone los caminos a
seguir y las medidas que serían tomadas por los golpistas luego de la derrota
en las urnas de Bolsonaro, con el propósito de trazar una hoja de ruta que les
permitiera implementar y consolidar su embestida contra el Estado Democrático
de Derecho y la Constitución.
En algunos trechos de los mensajes enviados desde el celular de Mauro Cid se puede ver que existe un conjunto de instrucciones organizadas “paso a paso” para proceder a la ejecución de este Golpe, entre las cuales se pueden destacar la recomendación de que Bolsonaro debería encaminar las supuestas inconstitucionalidades practicadas por el Poder Judicial a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, para que ellos seguidamente nombrasen un interventor investido de poderes absolutos.
O sea, de acuerdo con el guion encontrado
en el celular, ante la presencia de un fraude electoral y de la consiguiente
movilización popular contra los resultados del sufragio, las Fuerzas Armadas
intervendrían el Supremo Tribunal Electoral (TSE) y destituirían a todos sus
integrantes, especialmente a su presidente, el Ministro Alexandre de Morais, la
ministra Carmen Lúcia y Ricardo Lewandowski, para nombrar a dos de los nuevos
ministros nombrados por Bolsonaro durante su mandato.
De esta forma, serían convocados los
ministros Nunes Marques, André Mendonca y Dias Toffolli (nombrado en un
anterior mandato de Lula), para substituir a los anteriormente mencionados. En
otra de sus recomendaciones, el documento señala que “siendo reconocida la
actuación en desacuerdo con la Constitución de la Corte Electoral, deberá el
interventor fijar plazo para la realización de nuevas elecciones, que serán
coordinadas por el TSE en su nueva composición”.
Es decir, en el delirante plan diseñado por
los conspiradores, los nuevos ministros darían su aval para anular las
elecciones y organizarían el nuevo pleito electoral, impidiendo de esta forma
que el candidato vencedor, Lula da Silva, asumiera la Presidencia.
El fallido Golpe no se llegó a concretizar debido
a la incompetencia de sus instigadores. Sin embargo, ello no le suministra
atenuantes a las responsabilidades de sus mentores y posibles ejecutores. Es
decir, independientemente de la incapacidad y estulticia de los golpistas para
llevar a cabo con éxito sus objetivos, llama la atención y también es motivo de
alerta que muchos de los involucrados en esta trama grotesca corresponde a
miembros de las Fuerzas Armadas en plena actividad.
Desde el triunfo de Lula en la segunda
vuelta a fines de octubre de 2022, importantes círculos militares se
mantuvieron en la expectativa para consumar una rebelión elaborada en las filas
castrenses, sumándose a las demandas forjadas desde asociaciones y partidos de
la extrema derecha, productores agrícolas y ganaderos, madereros, ocupadores de
tierras indígenas (grileiros),
empresas mineras y grupos extractivistas (garimpeiros),
pescadores ilegales, pastores pentecostales, organizaciones criminales de
milicianos, clubes de caza y tiro, etc.
Las revelaciones que se han ido recopilando
recientemente, confirman el hecho de que existían movimientos concretos por
parte de muchos miembros de las Fuerzas Armadas tanto a nivel de Comando como
entre los puestos medios para impedir que Lula asumiera la presidencia del país
el 1 de enero de este año.
Existía una coordinación entre oficiales a
cargo de tropas en diversas unidades del país que, ante una orden del ex
presidente, ellos movilizarían inmediatamente a sus contingentes para
intervenir y ocupar las principales instalaciones gubernamentales e
institucionales del país, partiendo por las sedes de los Tres Poderes en
Brasilia: Palacio do Planalto,
Congreso Nacional y Corte Suprema.
Inclusive, también se sabe por la
información filtrada desde el celular de Mauro Cid, que el también
teniente-coronel Marcelino Haddad había enviado al ayudante de órdenes de
Bolsonaro tres documentos que fueron utilizados para redactar el plan que
anularía las elecciones, destituiría a los ministros del TSE y decretaría a
seguir el Estado de Sitio en toda la Nación.
En síntesis, las pruebas de la colaboración
de militares activos y en la reserva son cada vez más contundentes y
funcionarios de la Policía Federal han señalado que las evidencias recabadas
hasta ahora son apenas una parte de todo el arsenal de informaciones que eran
intercambiadas entre los golpistas. Por esta misma razón es urgente imponer las
sanciones respectivas a los participantes de la conjura como una forma de
marcar precedentes que inhiban la aparición de futuras intentonas sediciosas.
Que tan poco faltaba para que se consumase
esta escalada golpista es parte de una especulación que puede extenderse por
mucho tiempo. Ahora se sabe que el ex capitán se recusó a dar la ordenanza para
activar el Golpe de Estado pues desconfiaba del apoyo que tendría por parte del
Alto Comando del Ejército.
Lo que no se conoce a ciencia cierta es la
correlación de fuerzas que existe actualmente dentro de la estructura de mando
del Ejército brasileño, ya que las intrigas y pugnas dentro de las Fuerzas
Armadas son una verdadera “caja negra” y es muy difícil, hasta este momento,
determinar con exactitud cuántos oficiales se encuentran en el campo legalista
y cuantos oficiales forman parte del ala golpista.
Por otra parte, como ya es de público
conocimiento, si esta primera propuesta de intervención militar fracasaba, la
idea de los golpistas consistía en impedir posteriormente que el Presidente
Lula ya asumido pudiera continuar con su gobierno.
Para ello se planificaron las
movilizaciones e invasiones del 8 de enero que instalarían una situación de
caos e ingobernabilidad que le permitiera a las Fuerzas Armadas hacer uso del
artículo 142 de la Constitución que las autorizaría como un “Poder Moderador”
para intervenir en el caso de producirse una situación de “desorden social” y
de riesgo para las instituciones de la República.
Esta semana el Supremo Tribunal Federal
puede determinar la inelegibilidad de Bolsonaro por los próximos ocho años, por
uno entre muchos otros delitos cometidos durante su mandato. En este caso, la
acusación que se encuentra siendo juzgada es por poner en duda la transparencia
y licitud del sufragio electrónico en una reunión oficial convocada por el
gobernante, ante decenas de embajadores y la comunidad internacional.
Según el Ministerio Publico, en aquella
ocasión el ex presidente habría cometido abuso de poder político, desvío de
finalidad y uso indebido de los medios de comunicación.
Si bien, esta su condenación es una
respuesta esperada y deseable para el conjunto de los demócratas brasileños,
los riesgos de una nueva aventura golpista estimulada por la extrema derecha y
las diversas organizaciones de inspiración fascista seguirá pendiendo como una
sombra siniestra sobre la sociedad.
Por lo mismo, es urgente redoblar los
esfuerzos para sancionar efectivamente a sus instigadores y acabar
definitivamente con este virus mutante que viene asolando al pueblo brasileño y
destruyendo la convivencia pacífica, pluralista y tolerante entre sus ciudadanos.
*Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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