La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC)
destinada a blindar a los parlamentarios de posibles condenas por diversos
tipos de crímenes tuvo un estrepitoso fracaso en el Senado. Ahora, muchos de
los diputados –incluidos algunos del PT- que aprobaron el mentado documento la
semana pasada, se dicen arrepentidos de haber suscrito el mismo. El proyecto en
cuestión era una aberración, ya que entregaba total impunidad al Congreso, pues
exigía que la apertura de procesos contra parlamentarios tenía que tener el
aval de la respectiva Casa en votación secreta.
El texto aprobado en la Cámara de Diputados era considerado insustentable, pues abría el peligroso precedente de que todos los crímenes cometidos por los parlamentarios -inclusive en el caso de crímenes hediondos- podían ser relegados al olvido, una consecuencia lógica del indudable espíritu corporativo que prima en el Poder Legislativo.
El resultado fue que esta proposición,
escabrosa desde sus orígenes, se convirtió en el blanco del descontento de la
población que se manifestó de manera inmediata y masivamente durante el fin de
semana. El impacto que tuvieron las últimas manifestaciones en las principales
capitales y ciudades de Brasil ha sido enorme. Millares de personas se
reunieron en plazas y parques para demostrar que las verdaderas disputas por
justicia y democracia se producen en las calles, en la solidaridad que surge de
la sinergia de los cuerpos y las mentes reunidas en un mismo espacio. Nadie ha
quedado impasible ante tamaña demostración de indignación y hartazgo por los
desvaríos de una Cámara de Diputados que legisla de espaldas para la población.
De hecho, acusando recibo del malestar
popular la propuesta fue rechazada en la Comisión de Constitución y Justicia
(CCJ) del Senado, aprobando por unanimidad el parecer elaborado por el relator
Alessandro Vieira, quien expone en una de sus partes que la referida PEC “no
solo es inconstitucional, sino que sobre todo supone abrir las puertas para la
transformación del Legislativo en un abrigo seguro para criminales de todos los
tipos. Confío en que el plenario de esta Comisión rechazará esta propuesta
inmoral, que es una página triste de nuestro Legislativo y homenajeando la
nítida voluntad popular que clama por más Justicia”.
De manera inédita, hasta los senadores de la
extrema derecha y de la base bolsonarista votaron por sepultar el cuestionado
proyecto que consagraba el crimen y el perdón a priori. Fueron 26 votos por aclamación en contra de
la propuesta, que seguidamente fue sepultada por el presidente del Senado,
quien sancionó su archivamiento definitivo.
Por otra parte, las pautas que le interesan a
vastos sectores de la población han sido postergadas injustificadamente por la
Cámara. Entre ellas destaca la aprobación de la exención tributaria para
aquellas familias que ganan hasta 5 mil reales (US$ 930) o el aumento de
impuesto para los Bancos, Billonarios y empresas de apuestas. Ahora, los
partidos del Centrão quieren
acelerar la aprobación de una Ley de Amnistía para todos los condenados por la
tentativa de Golpe de Estado, incluido el ex presidente Bolsonaro. Como ahora
el eslogan de una “amnistía amplia, general e irrestricta” tiene fuerte
oposición de la mayoría de los congresistas, algunos sectores de derecha plantean
una salida más factible por medio de la dosificación de las penas aplicadas a
los reos.
En los actos del último domingo, enormes
banderas brasileñas fueron abiertas entre la multitud, demostrando el verdadero
sentido de defensa de la soberanía nacional, diferente al entreguismo descarado
de los seguidores del ex capitán que el día 7 de septiembre –de la
Independencia- plegaron banderas estadounidenses en una demostración inequívoca
de la sumisión y permanente postura abyecta que tienen frente a los intereses
de Estados Unidos, personificados actualmente en el gobierno de Donald Trump y
los empresarios de las Corporaciones financieras, empresas petroleras y Big Techs que le dan sustento.
Sin embargo, otros sectores de la derecha
tradicional brasileña consideran absurdo apoyar las sanciones comerciales
impuestas por el gobierno Trump, pues al final dichas medidas vienen generando
desempleo entre los habitantes del país y, consecuentemente, aumentando el
malestar contra la familia Bolsonaro que sigue en campaña para que la
administración norteamericana aumente las presiones sobre toda la nación,
aunque particularmente ellas sean más intensas sobre el Poder Judicial y
algunos ministros del Supremo Tribunal Federal.
También quedó claro que el repudio a los
ataques al Estado Democrático de Derecho no es una pauta exclusiva del gobierno
y los partidos de la coalición, dado que la defensa de las instituciones
democráticas se transformó en una demanda fundamental para la ciudadanía que se
rebeló con vehemencia ante un proyecto fraudulento y antipopular, que no
resuelve las necesidades de las personas, sino que, por el contrario, entrega
más poder e impunidad a quienes dicen ser fieles representantes del pueblo.
En ese sentido, las demostraciones masivas de malestar no se deben confundir con una deslegitimación de la política y si más bien con una valorización de la política con mayúscula, la cual ha sido ultrajada por un Congreso corrupto, irresponsable y autocentrado. Desgraciadamente, algunos parlamentarios insisten en resucitar la propuesta que los protege bajo un nuevo ropaje más digerible. Es de esperar que estas movilizaciones sean el anuncio de un nuevo ciclo en que los ciudadanos se mantengan unidos y vigilantes para descartar de plano cualquier arremetida que ponga en peligro la democracia y la soberanía del país.
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