No es necesario informar el beneficiario de
estos recursos y quien solicita el beneficio. Es una caja negra de la
corrupción, que permite que legisladores coludidos con gobernadores y alcaldes
hagan uso arbitrario e improcedente del erario nacional sin prestarle cuentas a
nadie, ni al Ejecutivo, ni a la justicia ni a los ciudadanos.
Para tomar la decisión de suspender dichas enmiendas, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Flavio Dino, argumentó que presupuesto impositivo no debe ser confundido con presupuesto arbitrario y que es un deber del Poder Ejecutivo verificar de modo transparente si las enmiendas se encuentran aptas para su ejecución conforme a los requisitos técnicos. La resolución del ministro Dino fue posteriormente ratificada por la unanimidad de los miembros del STF, lo cual terminó deflagrando la crisis entre los tres Poderes.
En la citada reunión se decidió que este tipo
de enmiendas podrían ser retomadas por los parlamentarios en los próximos días,
pero ahora con la exigencia de que ellas se acojan a los criterios de
transparencia y rastreabilidad. En el acuerdo firmado entre las partes se
señala que tales enmiendas continuarán con su carácter impositivo, es decir, el
gobierno tendrá la obligación de efectuar las transferencias desde los fondos
fiscales, aunque ahora con la salvedad de que se expongan con mayor claridad
las formas de garantizar el control, la rastreabilidadde los proyectos y el
cronograma para la distribución de esos recursos, todo bajo la supervisión del
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
El problema continúa residiendo en el hecho
de que los valores de estas enmiendas siguen siendo muy altos y los mecanismos
de fiscalización para la ejecución del gasto en cada localidad, son hasta ahora
bastante ambiguos.
Esta crisis en torno a las enmiendas
parlamentarias del presupuesto es la renovación de un conflicto que se arrastra
por mucho tiempo y que dice relación con las prerrogativas que se ha auto
conferido el Congreso para decidir en qué se gasta el dinero público y que
modelo de pago de las enmiendas debe ser adoptado en el futuro. Se calcula que
los recursos entregados por esta vía representan aproximadamente un cuarto de
todo el gasto discrecional (no obligatorio) realizado por el gobierno Federal.
Si comparados con el resto de los países del
bloque de la OCDE –del cual Brasil aspira a ser miembro activo-, este es el
único país que permite que el legislativo defina que se va a hacer con una
parte del presupuesto, pues el padrón en la mayoría de los países del
gruposupone que el presupuesto es típicamente una función del Ejecutivo.El
importante porcentaje obtenido actualmente por el Congreso para financiar las
“necesidades” de sus miembros, es una expresión directa del enorme poder que ha
ido adquiriendo el legislativo en los últimos años.
No por casualidad, muchos especialistas
señalan que lo que existe actualmente en Brasil es un parlamentarismo
camuflado, con el gobierno y el poder judicial tratando –muchas veces
infructuosamente- de poner contrapesos y barreras a dicho poder.
Debido alas características del sistema
presidencialista vigente en el país, desde la redemocratización se ha producido
el fenómeno de que los presidentes casi nunca poseen mayoría en el Congreso.
Por lo mismo, deben realizar pactos con otros partidos que les permitan
gobernar e implementar las políticas públicas necesarias para llevar
adelante sus respectivos programas. Estas políticas y los presupuestos
correspondientes deben ser viabilizadas por medio de grandes acuerdos con una
base que le otorgue la mayoría, aunque esta mayoría sea generalmente inestable
y gelatinosa.
Además, el mayor problema de dicho esquema de
búsqueda de sustento en las votaciones para impulsar los proyectos del
gobierno, consiste en que esos “partidos de conveniencia” tienen una gran
capacidad de veto que permiten el abuso de poder y representan un estímulo para
la corrupción y la extorsión a cambio del mantenimiento de las supuestas
lealtades.
Esto genera un verdadero estrangulamiento de
la capacidad del Poder Ejecutivo para implementar las políticas públicas y
definir las prioridades del gasto, pues él estará siempre a merced de los
intereses de los conglomerados y bancadas (evangélicas, ruralistas,
empresariales, de seguridad, de salud), de los partidos fisiológicos de la
coalición o de los intereses particulares de cada diputado o senador, que
necesita transferir recursos de la Unión para proyectos parroquiales de su
corral electoral como una estrategia para mantenerse en el parlamento.
Ello ha significado un congelamiento de las
acciones del gobierno y una reducción expresiva del gasto social, pues
descontando los gastos obligatorios de su presupuesto (salarios de
funcionarios, previsión social, gastos administrativos) el ejecutivo cuenta con
muy pocos recursos presupuestarios para orientarlos hacia las prioridades y
necesidades más urgentes de la Nación.
Y el debate sobre cómo reducir aún más la
máquina pública sigue estando entre las prioridades levantadas por el Ministro
de Hacienda, Fernando Haddad, el cual utiliza el argumento de optimización en
la asignación del gasto para justificar los recortes aplicados a Programas
antes emblemáticos del Gobierno del PT, tales como Bolsa Familia, Minha
Casa-MinhaVida, Sistema Único de Salud, Farmacia Popular o Cisternas para el
Semi-arido.
En un contexto de empoderamiento sostenido
del Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, se viene
comportando como un verdadero capo mafioso, condicionando el soporte de sus
pares a través del control férreo que tiene sobre los dineros emanados del
modelo de enmiendas en vigor. Los diputados saben que, para obtener los fondos
necesarios para ejecutar obras en sus respectivos corrales electorales, tienen
necesariamente que contar con el beneplácito de este personaje tenebroso que
manda y desmanda en los espacios confortables del Congreso.
Por lo menos, con la crisis desatada entre
los Tres Poderes durante este último periodo, se nos presenta la posibilidad de
aspirar a que las instituciones democráticas sean capaces de superar esta grave
falencia del sistema político brasileño que compromete significativamente el
futuro del país y de su pueblo.
*Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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