Ya existe fecha para
la condenación de los golpistas. El ministro Cristiano Zanin, presidente de la
Primera Turma del Supremo Tribunal Federal fijó para el próximo 2 de septiembre
el inicio del juicio final de la acción penal en la que a partir de ese día y
hasta el 12 del mismo mes, los cinco ministros que integran esa turma del STF
deberán pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad del llamado “núcleo
crucial” del golpe, que incluye a Jair Bolsonaro y otros siete cómplices procesados
por los crímenes de intento de Golpe de Estado, organización criminal armada, abolición
violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado de la
infraestructura pública y destrucción del patrimonio nacional.
La etapa final de esta causa comienza con el Procurador General de la República, Paulo Gonet, que sustentará durante una hora los aspectos centrales de la acusación contra los 8 inculpados. Luego los abogados de los reos deberán realizar sus respectivas defensas orales. Después viene la exposición del ministro relator del caso, Alexandre de Moraes, seguido por los otros cuatro ministros de la primera turma. Por lo tanto, la expectativa es que el viernes 12 de septiembre salga el veredicto final, excepto que uno de los ministros solicite un “pedido de vistas”, es decir, un mayor plazo para analizar las acusaciones contra los procesados, lo cual puede retardar la decisión final de los jueces por hasta 90 días.
Sin embargo, aun
cuando el veredicto sea condenatorio, los acusados no serán inmediatamente
presos pues existe la posibilidad de nuevos recursos por parte de los abogados
de defensa y, en este caso, Bolsonaro y sus secuaces tendrán una nueva
oportunidad para no ser efectivamente recluidos. En todo caso, la previsión de
muchos juristas es que antes de fin de año el “núcleo crucial” de la trama
golpista sea encarcelado. Además, la mayoría de ellos no deberán ir a presidios
comunes, ya que oficiales militares y delegados de la Policía Federal tienen
derecho a un presidio especial, de acuerdo con el Código de Proceso Penal.
Mientras tanto, la
familia y seguidores del ex capitán continúan presionando al gobierno de Donald
Trump para que aumente las sanciones económicas sobre Brasil, que ya desde el 6
de agosto impone un arancel de 50 por ciento de las exportaciones brasileñas
para cerca de 4 mil productos existentes en el comercio bilateral. Trump
justificó el “tarifazo” precisamente por las acciones de “persecución política”
que estaría imponiendo la justicia, en especial el ministro Alexandre de
Moraes, a su aliado y amigo, el ex presidente Bolsonaro. También incluyó como
argumento para esta penalización arancelaria, la regulación de las plataformas
digitales de las Bigtechs estadounidenses como X, Meta o Google.
Las sanciones también
incluyen el bloqueo de la visa de ocho de los once ministros del STF y de dos
médicos brasileños que participaron en la implementación del “Programa Más
Médicos” durante el gobierno de Dilma Rousseff. Dicho programa contrató a
médicos cubanos para atender a la población que reside en los lugares más apartados
del país, replicando la exitosa experiencia de los médicos de familia realizada
por el país caribeño.
En una escalada de acusaciones
y difamaciones sin respaldo, el Departamento de Estado del gobierno Trump acusó
a Brasil de violar los Derechos Humanos con casos de asesinatos, torturas, detenciones
arbitrarias, censura a la libertad de expresión y de prensa. Este informe no
dice nada sobre las violaciones cometidas por el gobierno del dictador Nayib Bukele
en El Salvador, que se ha convertido en el carcelero tercerizado de Estados
Unidos.
También la campaña de
la extrema derecha en las redes sociales y en los recintos de culto pentecostal
ha tenido resultados aparentemente desconcertantes desde una lógica simple.
Según una encuesta difundida recientemente, un 35 por ciento de los
entrevistados le atribuyen a Lula la principal responsabilidad por las
sanciones del gobierno Trump, siendo que solo un 22 por ciento le imputa esta
culpa a Bolsonaro y su clan. Parece cada vez más claro que el predominio de las
fakenews que invaden el espacio digital se impone sobre la prensa tradicional
desplazando el campo de la racionalidad basado en los hechos hacia realidades
inventadas y transformadas en “aquello en que lo que creo es lo real”.
En un libro titulado Sobre
la tiranía. Veinte lecciones del siglo XX para el presente, el historiador
Timothy Snyder nos advierte sobre los peligros que implica aceptar las
falsedades evidentes a partir de la fe. En su ensayo, Snyder expone cómo el uso
indebido de las creencias puede llevar a aberraciones enormes, en el sentido de
desconocer las evidencias que surgen de la realidad de los hechos. Es decir,
cuando el sentimiento de la fe desplaza a aquello que efectivamente sucedió, no
queda espacio para las pequeñas verdades que los individuos pueden discernir en
su vida cotidiana. Después que la verdad se torna oracular en vez de factual,
las evidencias se transforman en irrelevantes.
Quizás la difusión de
la etapa final del proceso contra los autores de la trama golpista permita a
los brasileños conocer cómo se fraguó el intento por destruir la democracia en
este país y los ciudadanos recuperen una perspectiva lúcida y realista sobre
los peligros que representan el pensamiento y las acciones de la extrema
derecha para el futuro de la nación. Y de esta manera, se pueda concebir un final
definitivo para las conspiraciones golpistas.
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